La telaraña del poder en Cerro Colorado
En Cerro Colorado, el distrito más grande de Arequipa, la política no se discute en plazas ni asambleas. Se huele en las obras inconclusas, se palpa en los papeles firmados bajo la sombra, se escucha en el murmullo de los pasillos municipales donde todos saben, pero nadie habla. Hasta ahora.
Una denuncia anónima encendió la mecha. A mediados de julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir una investigación preliminar contra el alcalde Manuel Vera Paredes y ocho de sus funcionarios de confianza. El presunto delito: negociación incompatible. El presunto daño: millonario. El presunto método: favorecer con contratos públicos a empresas ligadas a familiares y allegados.
Durante años, según la denuncia, se habría operado un sistema disfrazado de gestión, donde funcionarios de confianza habilitaban adjudicaciones a ciertos “clanes empresariales”.
La familia Manrique Ibarcena, por ejemplo, logró contratar por más de 58 millones de soles a través de A&M Contratistas S.R.L., manejada por Manuel Hugo Manrique. Pero no fue el único. Sus hermanas, Ana María y Edith Gloria, también obtuvieron contratos por sumas significativas. Tres empresas, un apellido, millones de soles.
Y hay más. Víctor Riquelme Aguilar, gerente de Varick Construcciones, firmó convenios por más de S/ 41 millones. Su esposa, Karina Chirinos, liderando ABP S.R.L., logró otros S/ 32 millones. Los nombres y las cifras se enredan como raíces bajo tierra: todo está conectado, aunque no lo parezca a simple vista.
La Fiscalía también señala a Darío Ortiz Flores, su esposa Ruth Huamán Cahuana y su hija Estefany Ortiz Ancco, quien no solo acumuló contratos por más de S/ 700 mil, sino que también figura como gerente de otra empresa adjudicada: Cubika EIRL. La familia Palaco no se queda atrás, el patriarca Anastacio Palaco y sus hijos firmaron convenios por cerca de S/ 3 millones entre distintas empresas.
Detrás de las adjudicaciones, la lupa fiscal apunta al entorno del alcalde. Antonio Acosta Villamonte, gerente municipal. Víctor Hugo Aguilar Gonzales, asesor de alcaldía. Noé Cáceres Medina, exadministrador y actual asesor de obras. También figuran Ana Cecilia Choque Santos, jefa de Logística; Amalia Mamani Gutiérrez, encargada de los procesos de selección; y los exjefes logísticos Rocío Campana y Raúl Mayta.
Según el expediente, estos funcionarios facilitaron las condiciones para direccionar los contratos. No por errores técnicos, sino por presunta voluntad política. Una red tejida desde adentro, donde los hilos eran los sellos, y las marionetas, las licitaciones.
La denuncia, presentada por un ciudadano que pidió reserva de identidad por temor a represalias, describe no un acto aislado, sino un patrón repetido entre los años 2010 y 2024. Catorce años de gestión que podrían esconder una maquinaria aceitada para convertir el presupuesto público en capital privado.
Si las irregularidades se confirman, los funcionarios podrían enfrentar hasta seis años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, y sanciones civiles por daño al Estado. Pero eso está por verse. La investigación fiscal tiene un plazo de 60 días. Después vendrán los peritajes, las diligencias, las audiencias, y quizás, aunque no siempre en este país, la justicia.
Mientras tanto, en Cerro Colorado, los vecinos siguen circulando por calles mal asfaltadas, esperando obras prometidas y soportando explosiones de talleres pirotécnicos clandestinos que nadie fiscaliza. Hace unos días, una pared prefabricada colapsó en un local del distrito. Antes de eso, tres obreros murieron en una explosión. Y este año ya se cuentan 34 muertos por accidentes en la zona.
Redacción Marisol Ciñane
