Fiscales refuerzan búsqueda de implicados clave en red de sobornos del caso Qali Warma
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que la Policía Nacional intensifique la búsqueda y captura de Óscar Acuña Peralta y Milton Broca Alcántara, ambos con orden de detención preliminar por siete días en el marco de la investigación del caso Qali Warma. Pese al megaoperativo realizado el 19 de noviembre en Áncash, Lima y La Libertad, los dos investigados continúan no habidos, lo que genera cuestionamientos sobre la capacidad operativa de las autoridades para ejecutar medidas judiciales con oportunidad y eficacia.
En el operativo simultáneo se allanaron 13 inmuebles y se logró la detención de tres investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Sin embargo, un documento fiscal reveló que, aunque la orden de captura fue emitida el 14 de noviembre, recién el 18 se desplegó el equipo policial hacia las regiones involucradas, dejando entrever una demora que habría facilitado que los implicados eludieran la acción de la justicia. La Fiscalía pidió a la División contra la Corrupción reforzar el rastreo “con carácter de muy urgente”, ante la posibilidad de fuga o coordinación para borrar evidencias.
Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de APP, César Acuña, es el investigado de mayor perfil político en este caso. Según la tesis fiscal, habría facilitado contactos para flexibilizar controles sanitarios a favor de la empresa Frigoinca, que buscaba asegurar contratos millonarios con el programa Qali Warma. Las diligencias de allanamiento en su vivienda y oficinas en Trujillo permitieron incautar documentación que podría ser clave para determinar el alcance de la presunta red de sobornos que operaba desde entidades públicas y operadores políticos.
De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, Acuña habría recibido más de 77 mil soles entre septiembre y diciembre de 2023 para abrir puertas dentro de la Gerencia de Salud y garantizar tratos favorables a la empresa cárnica. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, este caso vuelve a poner en debate la debilidad del control interno en programas sociales, donde estructuras corruptas son capaces de operar por meses sin ser detectadas, afectando directamente a la población más vulnerable: los escolares del servicio de alimentación estatal.
Redacción Pamela Amesquita
