Dirigentes de Islay denuncian intento de EsSalud de apropiarse del Hospital Alto Inclán en perjuicio de población no asegurada
Carlos Paredes, presidente de la Asociación de Urbanizadores de la provincia de Islay, denunció públicamente la problemática que enfrenta la población de dicha provincia ante un nuevo intento de EsSalud de tomar el control de las instalaciones del Hospital Alto Inclán, perteneciente al Ministerio de Salud. Paredes recordó que esta situación tiene antecedentes, ya que anteriormente, EsSalud ya se apropió del único hospital con el que contaba la zona, dejando a la población no asegurada sin atención adecuada y obligándola a trasladarse a postas médicas ubicadas en las partes altas de Mollendo. Fue gracias a la gestión sostenida de los dirigentes locales que, con el paso de los años, se logró construir un nuevo establecimiento de salud con infraestructura moderna y óptima, el Hospital Alto Inclán, ubicado en el cono sur, dentro de la asociación César Vallejo.
El dirigente precisó que EsSalud justifica su pretensión de ocupar este nuevo hospital argumentando que las instalaciones del establecimiento que actualmente ocupa ya no reúnen las condiciones mínimas de seguridad ni para su personal, ni para la población asegurada. Sin embargo, Paredes cuestionó duramente esta posición, recordando que hace más de cinco años la propia entidad recibió un documento que advertía sobre la inhabilitad de ese local. A pesar de ello, y contando con dos terrenos saneados a su nombre, EsSalud no colocó una sola piedra durante ese tiempo, y ahora pretende apropiarse de un hospital ya construido y financiado por el MINSA.
La principal preocupación de los dirigentes radica en la forma en que se estaría gestionando esta situación, ya que se buscaría concretar un convenio entre ambas instituciones sin ningún tipo de consulta previa a la población, que es la directamente afectada. Paredes cuestionó la competencia legal de EsSalud para intervenir en un establecimiento del MINSA, señalando que dicho convenio se estaría tramitando de manera unilateral y sin transparencia, lo que consideran una vulneración del derecho ciudadano a participar en decisiones que afectan su acceso a la salud.
Ante este escenario, los dirigentes de Islay expresaron su temor de que, de concretarse el convenio, la población no asegurada quede impedida de acceder a la atención médica en su localidad, profundizando así la desigualdad sanitaria en la provincia. Paredes hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que intervengan y frenen lo que calificó como un intento de despojo institucional, exigiendo que cualquier decisión sobre el futuro del Hospital Alto Inclán sea tomada con la participación y el consentimiento de la comunidad isleña, verdadera beneficiaria de ese establecimiento de salud.
Redacción Patty Mamani
