Fiscalía sustentará prisión preventiva de 36 meses para gobernador y siete investigados
La Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa a cargo de la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor sustentará desde las 08:30 de este jueves, el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses para el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica por presuntamente liderar una organización criminal.
La medida coercitiva también es solicitada para dos consejeros regionales: Ronal Veto Bernal Huarca y Jeymi Natividad Flores Quicana; cuatro funcionarios: Gregorio Palma Figueroa, Marcelo Córdova Monroy, Wilfredo Llaiqui Cáceres y Napoleón Segundo Ocsa Flores y un dirigente, Mario Jacobo Jacobo.
El Ministerio Público a través del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva apeló la resolución dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa respecto al plazo de duración de la medida y la comparecencia con restricciones para el investigado Wilfredo Leodan Llaiqui Cáceres. Se pide que el plazo de la prisión preventiva sea de 36 meses de prisión para los ocho investigados.
Para la Fiscalía el plazo de 24 meses determinado por el Juez no resultaría suficiente frente a la complejidad del caso, la necesidad de identificar a otras personas como testigo e incluso como partícipes, el análisis de los datos que se recopilen a lo largo de la investigación.
Asimismo, tampoco se consideró las medidas coercitivas para otros investigados en el proceso, u otros requerimientos como allanamientos, prisiones preventivas, pedidos de comparecencia, embargo u otros; ni las otras etapas del proceso penal como son la etapa intermedia y el juicio oral.
Según la investigación, la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, a fin de que no lo fiscalicen y apoyen, como el no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como a su personal de confianza en el Gobierno Regional de Arequipa.
A cambio de este apoyo, el gobernador habría realizado ofrecimientos y entrega de dádivas, terrenos y obras de gran envergadura a los consejeros regionales supuestamente captados, por intermedio de diferentes funcionarios o servidores públicos. Además, se habría pactado la entrega de terrenos con los integrantes del Consejo Directivo de diferentes asociaciones, como Asociación Agroindustrial Pampas Bayas, Asociación de Productores Sol Radiante de Majes y Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí, por intermedio de testaferros.
Redacción RSM
