Ejecutivo propone inhabilitación definitiva para empresas corruptas
El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley que plantea sanciones drásticas para las empresas involucradas en corrupción: su inhabilitación permanente para contratar con el Estado. La iniciativa busca frenar la reincidencia de compañías nacionales y extranjeras que, tras verse involucradas en actos ilícitos, reaparecen con nuevos nombres o estructuras societarias para seguir operando con fondos públicos.
El proyecto propone que las firmas con acusación fiscal por delitos como colusión, cohecho, corrupción de funcionarios y concusión (tipificados entre los artículos 382 y 401 del Código Penal), no puedan volver a contratar con el Estado peruano en ninguna modalidad, ni como postores, contratistas o subcontratistas.
La propuesta también cierra el paso a estrategias de lavado reputacional: se sancionará a empresas que pretendan continuar operando bajo nuevas razones sociales o a través de fusiones o escisiones.
“La prohibición es de carácter definitivo”, afirma el documento remitido por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén. De aprobarse, uno de los casos más emblemáticos alcanzados por esta norma sería el de la brasileña Odebrecht, símbolo del escándalo Lava Jato, que durante años firmó millonarios contratos con el Estado incluso después de confesar sobornos.
Aunque el objetivo parece claro, quedan dudas sobre la voluntad política y la capacidad institucional para aplicar esta medida sin excepciones ni filtraciones legales. Además, la eficacia del proyecto dependerá de su reglamentación y de los mecanismos que se establezcan para supervisar su cumplimiento.
Redacción Pamela Amesquita
