Consejero de Caravelí advierte amenazas y creciente inseguridad por minería informal en Cahuacho
El consejero regional de la provincia de Caravelí, Aarón Maldonado López, alertó sobre una grave situación de inseguridad que afrontan diversas autoridades locales, en especial el alcalde del distrito de Cahuacho, José Neyra, quien ha sido objeto de amenazas vinculadas a la expansión de la minería informal en la zona.
Según Maldonado, la provincia enfrenta un peligro latente por el avance de la minería ilegal e informal, actividad que estaría generando enfrentamientos, intimidaciones y un clima constante de tensión. “Debemos distinguir entre lo informal y lo ilegal, pero ambos fenómenos están desbordando la capacidad de respuesta del Estado”, advirtió el consejero.
El representante regional recordó que en varias oportunidades se solicitó mayor presencia policial, especialmente tras hechos de violencia como una balacera reciente en Cahuacho y otros incidentes similares en Atico, donde en años anteriores hubo varios fallecidos. Sin embargo, denunció que tras la salida del ex general PNP Ghino Malaspina, la Policía Nacional ha disminuido su intervención en la zona.
“El general Ghino Malaspina nos escuchaba, sus sucesores ya no. Pedimos al actual general Olger Benavides que acelere el proceso de creación de una nueva comandancia policial en Chala”, exhortó Maldonado, señalando que este distrito es el eje estratégico de la actividad minera en la provincia.
El consejero también advirtió que la alta cotización del oro —actualmente en torno a los 3 mil dólares la onza y con proyecciones de alcanzar los 5 mil— está atrayendo a más personas hacia la zona, algunas de las cuales formarían parte de organizaciones criminales. “La minería informal está generando reglajes, marcajes y amenazas contra autoridades como los alcaldes de Cahuacho y Atico. Podríamos estar frente a un escenario similar al de Pataz (La Libertad)”, sostuvo.
Maldonado también criticó el actual sistema de formalización minera a través del REINFO, señalando que este ha facilitado conflictos como el registrado entre Calpa Renace y Atico Calpa, e incluso mencionó una constante vigilancia de grupos ligados a la empresa minera Nemerlin.
Finalmente, anunció que se coordinará una visita conjunta con la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional para abordar estos temas directamente con los alcaldes y trabajar soluciones junto a los mineros locales. “El Perú es un país donde el 80% de las actividades son informales. Necesitamos replantear el enfoque y dotar de verdaderas herramientas de control a las instituciones competentes”, puntualizó.
Redacción Paolo Silva C.
