Formalización minera en caos
El domingo 18 de mayo, el Decreto Supremo 009-2025-EM, oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2025, sin embargo, el 01 de julio, el ruido en las carreteras no tardó en sonar. El Gobierno había aprobado más tiempo para que los pequeños mineros y mineros artesanales continúen con sus procesos de formalización. Sin embargo, quizá por falta de información o distorsión de la misma, el paro indefinido a nivel nacional comenzó.
En Arequipa, como en otras regiones del sur, los bloqueos en las vías convocaron a los mineros artesanales e informales a salir a defender sus derechos. Sin embargo, las calles no tardaron en convertirse en trincheras de desinformación, donde los mensajes virales circulaban más rápido que cualquier aclaración del Ministerio de Energía y Minas. Los primeros días del paro nacional indefinido impulsado por mineros artesanales estuvieron marcados por bloqueos en la Panamericana Sur. Bajo el sol de la costa arequipeña, a la altura del distrito de Ocoña, grupos de manifestantes instalaron montículos de piedras, neumáticos y pancartas, sin que muchos supieran con precisión que su exigencia de la ampliación del Reinfo se dio hace más de un mes.
La desinformación había calado tan hondo que varios de los presentes aseguraban que el Estado les había “cerrado las puertas”, cuando en realidad el proceso de formalización se había ampliado hasta fines de 2025. La voz de algunos dirigentes dominaba la escena con frases encendidas pero sin precisión legal. La situación se agravó cuando la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) confirmó al menos seis vías bloqueadas por las protestas en tres regiones, entre ellas Arequipa.
El paso hacia el norte y sur de la región quedó interrumpido por horas, afectando no solo a transportistas, sino también a comerciantes, turistas y familias enteras que quedaron varadas sin explicación clara. Las protestas, más que una defensa articulada de derechos, parecían responder a una movilización guiada por intereses de poder dentro del mismo gremio informal, donde algunos autodenominados representantes se erigían como voceros únicos, alimentando la narrativa de un enemigo invisible: el Estado que, en los hechos, había dado una prórroga al proceso de formalización.
A comienzos del mes de julio, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ), gremio que agrupa a los mineros informales en proceso de formalización, manifestó su rechazo a la nueva normativa. Pues señalan que el Decreto 012-2025-EM, junto con el Reglamento 009-2025-EM, pone fin al proceso de formalización sin ofrecer alternativas reales para los trabajadores del sector. Sumado a ello, señalaron que el Ejecutivo no habría escuchado las demandas planteadas por los gremios mineros.
Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló en medios de comunicación que aproximadamente 45 mil registros excluidos del Reinfo no reportan actividad minera desde hace cuatro años, y tampoco completaron con presentar la documentación solicitada, lo cual impide directamente en que puedan ser parte del proceso de formalización. Señaló que en esa situación “son más de 44 000 de los 50 560 excluidos. No estamos dejando sin trabajo a nadie». Mientras tanto, en Arequipa, el discurso de algunos dirigentes insistía en que se “cancelará el REINFO” y que todos los mineros serían expulsados del proceso.
Lo paradójico, y preocupante, es que muchos mineros protestan sin saber que su pedido ya ha sido atendido. Nilson Flores, abogado especializado en minería, explicó que fueron ciertos “pseudodirigentes” quienes manipularon el contenido de las normas para infundir miedo en los mineros y mantener encendida la protesta. “Les han dicho que el Gobierno ha dado solo 90 días para tener explosivos y que luego los van a sacar del REINFO. Eso es falso. La norma da 90 días para iniciar el trámite, no para tener la autorización en mano”, aclaró.
Para Flores, lo que se está presenciando en regiones como Arequipa no es una reacción espontánea del sector minero artesanal, sino una movilización inducida por intereses políticos y populistas. “Hay personajes que prometen leyes de formalización permanente, carnets para operar en cualquier parte del país, cuando eso ya ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, denunció. La desinformación, entonces, no solo desvirtúa el proceso de formalización, sino que convierte a miles de mineros en peones de estrategias políticas sin sustento legal. Mientras tanto, las carreteras bloqueadas siguen sumando pérdidas para el país y dejando en evidencia la fragilidad de un sistema donde la palabra de un dirigente pesa más que la lectura de un decreto oficial.
El panorama en regiones como Arequipa revela que detrás del reclamo por derechos laborales se esconde, en algunos casos, una manipulación sistemática de la norma por parte de falsos dirigentes y figuras con intereses políticos. La formalización minera, necesaria, compleja y urgente, no debe verse afectada por la desinformación y enfrentamientos que paralizan al país. Mientras no se recupere la confianza en las instituciones y el Estado no fortalezca su rol fiscalizador y comunicador, los vacíos serán ocupados por aquellos que gritan más fuerte, aunque digan menos verdad.
Redacción David Mendez
