Blindados que no llegan y aviones que no vuelan
Cada vez que un efectivo de la Policía Nacional sale a patrullar con un vehículo obsoleto o responde a disturbios sin el equipo adecuado, no solo se expone él, sino también la fragilidad de un sistema que, por años, ha intentado modernizarse sin éxito. El 4 de abril de 2025, el Ministerio del Interior declaró “desierta”, en estricta reserva, la compra de 43 motobombas antidisturbios, un proceso valorado en 28,6 millones de dólares, debido a que las propuestas de M&M Defense Ltd., Armor International SAS (Colombia) y Jino Motors (Corea del Sur) no cumplían con los Requerimientos Técnicos Mínimos. No era el único traspié. Otro intento fallido, que se arrastra desde febrero de 2020, es la adquisición de 56 vehículos blindados multipropósito 4×4, valorados en 21,4 millones de dólares, cuya definición aún no se concreta porque las propuestas finales, el DAPC-2 de Daeji P&I (Corea del Sur) y el Sandcat MK-V de Plasan Sasa Ltd. (Israel), exceden en un 25% el presupuesto asignado. Todo ello, enmarcado en el programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional” (Código 2251056), parece condenar a la PNP a continuar operando sin el respaldo logístico que la actual crisis de seguridad ciudadana exige.
Mientras las adquisiciones estratégicas se enredan en procesos fallidos, otra batalla se libra, más silenciosa pero igual de urgente, en el corazón de la burocracia estatal: el reconocimiento económico a quienes sirven en la primera línea del orden. El pasado 25 de junio de 2025, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior confirmó, mediante el Informe N.º 001874-2025-IN-OGAJ, que el proyecto para modificar el artículo 19 del Decreto Legislativo 1131 sigue su curso en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV). Esta propuesta permitiría elevar hasta un 81% la Remuneración Consolidada de los suboficiales superiores y brigadieres de la Policía Nacional del Perú y sus equivalentes en las Fuerzas Armadas, poniendo fin a una desigualdad que arrastra casi cuatro décadas. La Asociación Nacional de Suboficiales Superiores y Brigadieres en Retiro (Anssbrepol) ha sido clara: la iniciativa está en trámite, pero el tiempo se agota.
“Señora presidenta, la decisión está en sus manos”, fue el mensaje directo y sin rodeos que lanzó Néstor Darío Luna Baldárrago, presidente de Anssbrepol, en un pronunciamiento difundido días después. La advertencia no es menor: el documento subraya que, tras la evaluación en la CCV, será el Poder Ejecutivo, y específicamente la mandataria Dina Boluarte, quien deba decidir si presenta la propuesta ante el Congreso. El contexto es delicado: no se trata solo de una demanda económica, sino de una promesa que, según el gremio policial, el Gobierno ya había asumido públicamente en 2024. Con el Mensaje a la Nación del 28 de julio a la vuelta de la esquina, las expectativas están puestas en un posible anuncio que corrija lo que consideran “una injusticia histórica”. En un país con una crisis de seguridad creciente, el salario del policía en las calles no debería depender de postergaciones administrativas.
Mientras los expedientes para blindados y motobombas se apilan en los escritorios del Ministerio del Interior, el armamento de la Policía Nacional ha comenzado a recibir una inyección concreta, aunque no exenta de observaciones. En febrero pasado, el MININTER firmó un contrato por 19,6 millones de dólares con la empresa estatal FAME SAC para la entrega de 7.323 fusiles de asalto IWI Arad 5, de calibre 5,56 x 45 mm, destinados a unidades clave como la DINOES, DIRANDRO y SUAT. El primer lote de 700 fusiles ensamblados localmente fue entregado el 28 de abril, y se espera que los siguientes 2.000 lleguen en agosto y el resto antes de diciembre. Paralelamente, se alista la adquisición de más de 30.000 pistolas 9×19 mm, por entre 20 y 22 millones de dólares, como parte del “Plan Estratégico de Modernización” 2025–2039. Sin embargo, esa ambiciosa compra contrastó con una licitación apresurada: a fines de mayo, la DIRCEFIN adjudicó un contrato por cerca de un millón de dólares a Armory Supply para la compra de solo 1.007 pistolas CZ P-09 para el Callao, bajo una modalidad que no garantiza estándares internacionales. El proceso fue cuestionado por postores que alegan que el modelo seleccionado no cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos. Así, entre anuncios de modernización y contratos de corto alcance, se dibuja una gestión donde el detalle técnico muchas veces queda eclipsado por la urgencia política.
Pero la renovación del equipamiento no termina en fusiles o pistolas. Para mantener operativas a sus unidades antidisturbios, la Policía Nacional también adquirió un lote de 40.000 cartuchos lacrimógenos de 37/38 mm por 1,2 millones de dólares y firmó contratos por más de 2,3 millones de cartuchos de 9×19 mm con la empresa checa SVT Technologies, cuya entrega está prevista para septiembre. A esto se sumó otro paquete de 110.000 cartuchos de 5,56 x 45 mm encargados a FAME SAC, aunque no se precisó el monto. La crítica no tardó: algunos medios cuestionaron la compra de fusiles sin municiones suficientes, aunque documentos internos revelan que la PNP ya contaba con 221.285 cartuchos en stock, y que nuevas adquisiciones están en curso. Finalmente, en el plano tecnológico, el MININTER adquirió 10 drones DJI Mavic 3E/3T por medio millón de soles a Geodesia y Topografía SAC. Aunque se anunció que serían usados en operaciones del Frente Policial VRAEM, los especialistas advierten que este tipo de cuadricópteros, más apropiados para inspecciones civiles, no tiene la resistencia ni la autonomía necesarias para zonas hostiles. Otro símbolo de una institución que busca modernizarse, pero cuyas decisiones de compra aún parecen estar lejos del campo de batalla.
En el papel, la Policía Nacional del Perú avanza: se firman contratos millonarios, se anuncian planes estratégicos y se promete equipamiento de última generación. Pero al mirar más de cerca, la modernización prometida tropieza con licitaciones irregulares, compras incompletas y decisiones técnicas cuestionables. Mientras los policías continúan enfrentando una delincuencia cada vez más violenta con recursos a medio camino, la institución queda atrapada entre discursos de fortalecimiento y una realidad operativa fragmentada. En medio de esta paradoja, el uniforme azul sigue siendo el rostro visible del Estado en las calles, aun cuando desde los escritorios del poder, la logística, los sueldos y la estrategia parecen avanzar con una brújula extraviada. Modernizar a la policía, más que un titular, debería ser un compromiso técnico, transparente y sostenido.
Redacción David Mendez
