La UNSA en campaña, mientras las clases y la transparencia esperan
La Universidad Nacional de San Agustín atraviesa uno de los procesos electorales internos más tensos de los últimos años, y el saldo, hasta ahora, no es alentador. Más de 24 mil estudiantes de pregrado y más de 1.400 docentes están llamados a elegir el próximo 3 de julio al rector y a los vicerrectores académico y de investigación para el periodo 2026-2031, en un proceso que desde mayo viene marcado por exclusiones de listas, denuncias cruzadas y movilizaciones que han paralizado parte del campus. De ocho agrupaciones que adquirieron kits electorales, el Comité Electoral Universitario solo admitió cinco, dejando fuera a «Vamos Todos UNSA» de Jorge Paredes, «Integración Agustina» de Víctor Rendón y «Acción Agustina» de Giovanni Zeballos, esta última por observaciones a la acreditación doctoral de su candidato a vicerrector de investigación. Lejos de resolverse con transparencia, el conflicto escaló, un grupo de estudiantes tomó el área de Sociales el 1 de junio, denunciando tanto la exclusión arbitraria de candidaturas como un presunto desfalco que, según las acusaciones, alcanzaría los 8 millones de soles.
El trasfondo de esta crisis no es menor. La denuncia estudiantil apunta directamente a la actual gestión del rector Hugo Rojas Flores y a la anterior, encabezada por Rohel Sánchez, hoy gobernador regional de Arequipa, por presuntas transferencias irregulares de más de 5,9 millones de soles desde cuentas de la UNSA hacia la cuenta personal de un trabajador del área de Tesorería entre 2016 y 2025, caso que ya fue denunciado ante la Contraloría y el Ministerio Público. Resulta revelador que sea precisamente en medio de este escándalo financiero que se desarrolle el proceso para elegir a las nuevas autoridades, lo que añade una capa de sospecha legítima sobre quiénes controlan el aparato electoral interno y qué intereses defienden al excluir a determinadas listas. Mientras tanto, manifestantes denunciaron condiciones materiales que contrastan brutalmente con cualquier discurso de modernización institucional. La pregunta incómoda es inevitable, ¿cómo se justifica una contienda electoral por el control de la universidad cuando la propia universidad no puede garantizar condiciones básicas de funcionamiento ni transparencia en el manejo de sus recursos?
El costo más silencioso de esta crisis, sin embargo, recae sobre quienes menos protagonismo tienen en las decisiones, los estudiantes de a pie. La toma del local de Sociales, anunciada inicialmente como una medida de un día, impidió el ingreso de alumnos, docentes y personal administrativo, mientras facultades como Ingeniería y Biomédicas continuaban operando con normalidad, evidenciando una universidad fragmentada entre quienes se movilizan y quienes simplemente quieren continuar sus clases. A esto se suma que el propio local tomado estaba programado como centro de votación para las elecciones presidenciales del 8 de junio, lo que generó una superposición innecesaria entre la política universitaria y la política nacional, y que terminó afectando también el derecho al voto de la comunidad. No es exagerado afirmar que, mes tras mes, los estudiantes agustinos han visto cómo el cronograma académico se subordina al cronograma electoral, primero las elecciones presidenciales, luego las regionales y municipales, y ahora las internas de la propia universidad, todas compitiendo por la misma atención, el mismo tiempo y el mismo campus físico que debería estar dedicado a la formación académica.
Esta sucesión de campañas superpuestas no es un detalle menor, es un síntoma de cómo la política, en todos sus niveles, termina contaminando los espacios que deberían estar blindados de ella. Una universidad pública que arrastra denuncias de desfalco millonario, que excluye candidaturas bajo criterios cuestionados por los propios afectados, y que permite que sus instalaciones se conviertan en escenario de tomas y enfrentamientos en pleno cierre de semestre, no solo desconcentra a sus estudiantes, les enseña, en los hechos, que la disputa por el poder institucional pesa más que la calidad educativa o la rendición de cuentas. El reto para la nueva gestión que asuma en julio no será solo ganar una elección cuestionada desde su origen, sino demostrar que puede romper con el ciclo de opacidad financiera y polarización interna que, año tras año, distrae a miles de jóvenes que de lo único que debería ser prioritario dentro de las aulas agustinas es aprender.
Redacción Patty Mamani
