Colegio Lord Byron en investigación penal por caso de agresión sexual
El Ministerio Público, a través de la fiscal provincial Giovanna Rosas Ramos de la Fiscalía Especializada en casos de Violencia de Hunter, ha iniciado una investigación penal contra el colegio Lord Byron y sus autoridades por una presunta omisión de funciones y encubrimiento al no reportar el caso de agresión sexual contra una estudiante de 12 años, víctima del docente Raúl Lozada Bedoya.
La promotora, Lidia Medina Lazo, y otros responsables de la institución, se encuentran bajo sospecha al no haber informado el incidente en la plataforma SISEVE dentro del plazo de 24 horas tras recibir la denuncia por parte de los padres. Esto habría agravado la situación y expuesto a la menor a mayores riesgos.
Asimismo, se ha solicitado investigar a los implicados por el presunto delito de falsedad genérica, luego de que Lozada Bedoya haya presentado mediante su abogado un documento presuntamente falso durante la primera audiencia de prisión preventiva, afirmando que trabajaba en Cusco.
El docente, que se encuentra no habido, fue acusado de haber abusado de la menor entre junio de 2024 y abril de 2025. Dicha acusación fue respaldada por el certificado médico legal y testimonios recabados por la fiscalía.
La jueza Lizbeth Torres Choque ratificó ayer la orden de prisión preventiva por 15 meses para Lozada, con el fin de evitar cualquier riesgo de fuga.
Tras el hallazgo de videos íntimos, supuestamente grabados por el profesor dentro de la institución, por parte de la madre de la estudiante, y detectarse irregularidades graves en el colegio, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa ha comunicado sus advertencias. Entre las posibles sanciones administrativas se encuentra la clausura definitiva de la institución por no cumplir con el protocolo obligatorio ante casos de agresión sexual, contratar personal docente sin acreditar el título pedagógico y ocultar información obstaculizando la investigación.
Entre las irregularidades reportadas, se encuentra el ingreso del docente al domicilio de la menor, la solicitud por parte de la promotora del colegio de un acuerdo para eximir a la institución de responsabilidades y la suspensión temporal del presunto agresor solo tras la intervención policial.
Ante la gravedad de los hechos, la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor se opuso firmemente a la apelación de la defensa y logró que se mantuvieran las medidas restrictivas.
Asimismo, las autoridades regionales expresaron su disposición a aplicar la máxima sanción administrativa contra el centro educativo.
Mientras tanto, el docente continúa prófugo y la investigación penal contra los sigue en desarrollo. Las autoridades aún están determinando responsabilidades tanto penales como administrativas.
Redacción Andrea Ramos
