La precariedad que no se resuelve con discursos
Cada inicio de año escolar en Arequipa se repite la misma situacion, estudiantes sin aulas, colegios apuntalados con maderas y autoridades prometiendo soluciones que llegan tarde o a medias. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 25,4% de los locales educativos públicos de la región requieren ser sustituidos por completo debido a un muy alto riesgo de colapso, una cifra que afecta a 19 mil estudiantes, aproximadamente uno de cada diez alumnos matriculados en Arequipa. La situación se agrava en las provincias, el 76% de los locales que requieren sustitución total se ubican fuera de las zonas urbanas, y en La Unión, Castilla y Condesuyos, al menos 9 de cada 10 instituciones necesitan ser demolidas. No hablamos de un problema marginal ni excepcional: hablamos de la infraestructura sobre la que, todos los días, miles de niños y adolescentes intentan aprender.
La pregunta inevitable es si las gestiones de turno han estado a la altura del problema, y la respuesta, con cifras en mano, es decepcionante. El propio IPE estimó que la brecha de infraestructura educativa en Arequipa asciende a 4.500 millones de soles, más de once veces el presupuesto regional asignado a educación en 2025, y en lugar de cerrar esa brecha, el panorama empeora dado que el presupuesto en educación para 2026 es de 333 millones de soles, un 17% menos que el año previo, ajustando por inflación. Es decir, mientras la necesidad crece, los recursos disponibles se reducen. Otro estudio, de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), eleva aún más la magnitud del problema al señalar que el 55,9% de las instituciones educativas de Arequipa, equivalente a 439 colegios, requieren ser demolidas y reemplazadas, afectando a más de 94 mil estudiantes. Las cifras varían según la fuente, pero el diagnóstico es el mismo, y es que la inversión nunca ha estado a la escala del daño acumulado durante décadas de abandono.
El inicio del año escolar 2026 confirmó que la precariedad no es un dato estadístico abstracto, sino una experiencia cotidiana. En marzo, el gerente de Educación de la Municipalidad Provincial, Marco Choque, reconoció que se requerían 141 aulas prefabricadas en 93 colegios con daños graves, y que algo más de 1.000 alumnos de la región no pudieron empezar clases el 16 de marzo debido a problemas de infraestructura. El caso del colegio José Olaya, con 64 años de antigüedad y siete salones declarados inhabitables, o el del Julio C. Tello en Paucarpata, con techos carcomidos y desagües colapsados según su propia directora, ilustran que las mejoras municipales han sido insuficientes frente a una crisis que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calificó como crítica, los cuales alrededor de 3.000 locales educativos en Arequipa están en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, y dos tercios de los locales educativos no están construidos para resistir lluvias intensas. No es casualidad que las recientes torrenteras hayan vuelto a poner en jaque a las mismas escuelas que ya cargaban con años de mantenimiento postergado.
Entre colegios que se caen a pedazos, presupuestos que se recortan en lugar de crecer, y que muchos dependen de canastas de alimentos para sostener a sus estudiantes más vulnerables, la pregunta de fondo ya no es si hubo mejoras, sino por qué, gestión tras gestión, la precariedad sigue siendo la norma y no la excepción para miles de niños y jóvenes arequipeños que solo piden un lugar digno donde aprender.
Redacción Patty Mamani
