El peligro de volver al punto cero en Yarabamba
La inminente libertad sin restricciones del exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, representa una amenaza directa no solo a la justicia, sino también a la institucionalidad del distrito del que salió en medio de casos de corrupción. Habiendo confesado que recibió más de 100 mil soles en coimas, el hecho de que aún no tenga condena firme ni un régimen restrictivo extendido deja claro que algo está funcionando muy mal dentro del sistema judicial. Peor aún, este vacío procesal podría permitir que una persona que admitió sus delitos retorne al cargo que usó para delinquir.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró improcedente el pedido de ampliación de la suspensión del ejercicio de la función pública que pesaba sobre Aco Linares. El rechazo se debió a errores procesales en el pedido de la Fiscalía, específicamente del despacho de la fiscal Marita Cueva, quien no incluyó en su solicitud el resto de medidas que vencen este 24 de julio. Este tipo de omisiones, lejos de ser simples detalles técnicos, pueden tener consecuencias gravísimas: abrirle la puerta de regreso al poder a un exalcalde confeso de corrupción.
No existe, además, un solo indicador de arraigo laboral, económico o familiar que justifique su permanencia en la región o en el país. No se le conoce empleo actual, ni ingresos formales, ni vínculos familiares estrechos. Esta ausencia de raíces solo refuerza la idea de que el riesgo de fuga es altísimo. Y si bien ya en octubre de 2024 se le levantó la prisión preventiva para imponerle restricciones menos severas, la falta de una sanción firme ahora pone en juego toda la investigación.
Resulta aún más alarmante que este caso haya estado cerca de convertirse en una jornada de prestación de servicios comunitarios a través de un proceso de Terminación Anticipada. Felizmente, el Poder Judicial rechazó esa propuesta por considerar desproporcionada la pena. Sin embargo, esa propuesta en sí misma evidencia la manera en la que ciertos actores dentro del sistema buscan fórmulas para suavizar el castigo de quienes han admitido delitos graves contra la administración pública.
Tal como advirtió el gerente de Asesoría Jurídica de la comuna de Yarabamba, Richard Talavera Rodríguez, Aco Linares no solo podría obstaculizar la investigación, sino también acercarse a testigos protegidos, algunos ya han denunciado amenazas, o incluso postular nuevamente a la alcaldía. Lo absurdo de esa posibilidad no le resta legalidad, y eso debería escandalizarnos aún más. Estamos ante un escenario que raya en el surrealismo judicial.
El caso de Manuel Aco Linares es un claro ejemplo de cómo la lentitud, la negligencia y el desinterés pueden dinamitar el avance de la justicia. Y si el 24 de julio no se renuevan las restricciones, se habrá perdido una oportunidad vital para evitar que un corrupto confeso burle al Estado que juró servir. Yarabamba no merece volver al punto cero. Mucho menos a manos de quien ya la traicionó.
Redacción RSM
