De mal en peor
La sombra de la desconfianza ha acompañado a Juan Roberto Muñoz Pinto, incluso antes de llegar a la alcaldía de Socabaya. Su trayectoria parecía destinada a un camino que iría de mal en peor: en 2018, la Contraloría General de la República, a través del entonces contralor regional, Alberto Arteaga, informó que Muñoz Pinto estaba inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos debido a faltas administrativas. El propio Arteaga advirtió que si un candidato inhabilitado resultaba elegido, no podría asumir el cargo mientras durara la sanción. Sin embargo, tras cumplir su inhabilitación en 2021, Muñoz Pinto regresó a la arena política y ganó la alcaldía en 2022 con apenas el 24.48 % de los votos, de la mano del Movimiento Regional Arequipa Avancemos, representado por el símbolo del «pollito». Desde entonces, la gestión se ha visto envuelta en un clima turbio, marcado por acusaciones, sospechas y decisiones que han sembrado más miedo que esperanza entre los vecinos.
Nacido el 16 de septiembre de 1981 en Arequipa, Juan Roberto Muñoz Pinto parecía, al menos en el papel, tener un perfil que podía conjugar lo técnico con lo humano: estudió Contabilidad en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua y Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Pero ni los números ni las ciencias sociales han logrado alejarlo del oscuro sendero que está marcando su paso por la alcaldía. Desde que juró el cargo en enero de 2023, tras cumplir su inhabilitación, su figura ha estado más asociada a publicaciones en TikTok que a soluciones reales para un distrito que clama por orden y transparencia. Y así, la imagen de un alcalde prometedor terminó convertida en la de un político cada vez más cuestionado y aislado.
Su trayectoria previa en cargos públicos tampoco logró disipar las dudas: fue gerente de Desarrollo Social y Económico Local del distrito de Paucarpata en 2015, Gerente Municipal de Vítor en 2016, y responsable de áreas en Bella Unión, Caravelí, entre 2016 y 2017. Su vínculo con el sector privado, lejos de aportar claridad, sumó nuevos motivos de recelo. Como asesor de empresas constructoras, entre ellas Financiera BM Construcciones Com Net E.I.R.L., dejó un rastro que más tarde se volvería un escándalo: durante su gestión como alcalde en Socabaya, la misma empresa que asesoró se convirtió en la principal favorecida de millonarios contratos municipales, superando los dos millones de soles, en un contexto donde la única cliente era, curiosamente, la propia municipalidad. Así, el ciclo de sospechas, lejos de cerrarse, se amplió, tiñendo su gestión de un halo cada vez más sombrío.
El 7 de abril de este año marcó un nuevo capítulo en la creciente sombra que se cierne sobre la gestión de Juan Roberto Muñoz Pinto. Ese día, la regidora del distrito, Magaly Agramonte, acompañada de su abogado, Genaro Uribe, presentó el primer pedido de vacancia contra el alcalde. La solicitud apuntaba a una presunta violación de las restricciones de contratación, ya que la gestión de Muñoz Pinto habría entregado seis licitaciones de obras y construcción a la empresa Financiera BM Construcciones Com Net E.I.R.L., la misma que, como se mencionó antes, él había asesorado antes de asumir el cargo. Lo más alarmante para los vecinos de Socabaya era que la empresa carecía de experiencia en el rubro y pertenecía a Adely Seferina Jiménez Oviedo, cercana al entorno personal del alcalde, lo que hacía que las sombras sobre la legalidad de estas contrataciones se tornaran más densas.
Pero en este tablero de juego político, las piezas no se mueven sin resistencia. El 2 de junio, durante la sesión del Concejo Distrital convocada para debatir el pedido de vacancia, los hechos tomaron un rumbo escandaloso. Según denunció la propia Agramonte, el secretario general del concejo desvió “intencionalmente” la votación, modificando el orden del día para tratar supuestas “adhesiones” a la moción ya presentada. La regidora denunció que esta maniobra, más cercana a la burla que al procedimiento legal, fue inconstitucional y contraria a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. El derecho al debate y a la libre expresión fue anulado bajo el peso de un aparato que parecía decidido a proteger al alcalde a toda costa. “El secretario hizo lo que le dio la gana”, exclamó Agramonte, resumiendo el sentimiento de impotencia que dejó aquella sesión.
La jornada no solo estuvo marcada por argucias legales: también hubo intimidación y hostigamiento. Agramonte relató que, mientras el concejo eludía su responsabilidad, en las afueras del recinto se desataban insultos y agresiones verbales por parte de simpatizantes del alcalde, presuntamente organizados desde el propio entorno municipal. A pesar de haber solicitado con anticipación resguardo policial ante los rumores de incidentes, el apoyo nunca llegó. Serenazgos presentes no hicieron más que observar, e incluso facilitaron los ataques, mientras la fiscalía y la policía brillaban por su ausencia. El debate, finalmente, fue suspendido por diez días, en una decisión que la regidora no dudó en calificar como ilegal y manipulada. Con un ambiente enrarecido y los derechos de los opositores vulnerados, el proceso de vacancia quedó, por el momento, atrapado en la misma sombra que envuelve la gestión de Juan Roberto Muñoz Pinto.
Aunque este primer intento de vacancia contra Muñoz Pinto fue oficializado este año, su gestión ya estaba marcada por cuestionamientos y escándalos desde sus primeros días en el cargo. El 26 enero de 2023 el flamante burgomaestre de Socabaya quedó bajo sospecha de un uso irregular de los recursos municipales. En el interior de su despacho, la Contraloría halló lo que parecía más un refugio privado de lujo que un ambiente de trabajo: un jacuzzi con su terma respectiva y una máquina trotadora instalados en los servicios higiénicos, resultado de una remodelación que, según el Órgano de Control Interno (OCI), implicó la reducción de espacios destinados a la sala de reuniones.
Como era de esperarse, la indignación no se hizo esperar y el caso escaló rápidamente. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación preliminar contra Muñoz Pinto por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y malversación. Fue el propio procurador anticorrupción, Mario Luna Ramos, quien elevó la denuncia ante las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Las evidencias apuntaban a un posible desvío de recursos públicos en agravio de la Municipalidad Distrital de Socabaya, dejando al descubierto la fragilidad ética de la gestión de un alcalde que apenas comenzaba.
La defensa de Muñoz Pinto frente al escándalo no hizo más que alimentar el escepticismo. Alegó desconocer las obras realizadas en su propio despacho, como si las paredes hubieran sido remodeladas y los artefactos instalados a espaldas de su autoridad. Pero para los vecinos del distrito y los observadores de la vida política local, la explicación sonaba poco creíble. El episodio del jacuzzi se convirtió en un símbolo del derroche y la desconexión con las verdaderas necesidades de Socabaya. A partir de allí, la imagen del alcalde no dejó de hundirse en la desconfianza, en una espiral que, tarde o temprano, terminaría en el actual proceso de vacancia.
Pese a las polémicas acumuladas, el 17 de junio la suerte pareció sonreírle una vez más a Juan Roberto Muñoz Pinto. El Concejo Distrital de Socabaya decidió no vacarlo, por 5 votos en contra y 4 a favor, estos últimos por parte de los regidores: Erika Roxana Garrafa Guillén, María de los Ángeles Carlin Torres, Shan Dalton Huanco Humpiri y Magaly Agramonte. De esta forma, al menos de momento, se daba un cierre al primer intento formal por retirarlo del cargo. Sin embargo, el abogado de la regidora Agramonte, Uribe, anunció que recurrirán a una segunda instancia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revertir lo que consideran un fallo plagado de irregularidades. El hecho de que Muñoz Pinto no haya sido vacado se ha visto con recelo por muchos en el distrito, pues las sesiones previas estuvieron marcadas por maniobras cuestionables, como la ya mencionada del 2 de junio, cuando el secretario general del concejo desvió intencionalmente la votación para dilatar el proceso y, en lugar de tratar el pedido de vacancia, se centraron en las llamadas “adhesiones”, en un acto calificado de ilegal e inconstitucional por la regidora denunciante.
Lo que ocurrió en las afueras de la Municipalidad Distrital de Socabaya durante esas dos sesiones hizo aún más denso el ambiente. Presuntamente, todos los trabajadores municipales fueron obligados a participar en plantones en apoyo al alcalde, una escena que se repitió tanto el 2 como el 17 de junio. Pero lo del 2 de junio alcanzó niveles insólitos: no solo se amontonaron en la calle arengando a favor de Muñoz Pinto, sino que un grupo afín logró ingresar hasta el propio concejo, en una sesión que, por ley, debía ser privada. Lo que debía ser un espacio de deliberación serena terminó siendo invadido por gritos, aplausos forzados y un espectáculo indigno de una democracia local.
Las denuncias sobre la coacción a los trabajadores no tardaron en salir a la luz. El regidor Shan Huanco aseguró que jóvenes con órdenes de servicio temporales fueron presionados con amenazas veladas de perder sus contratos si no asistían a las movilizaciones. A esto se sumaron las acusaciones de la regidora Agramonte sobre el hostigamiento y los insultos recibidos de los supuestos simpatizantes del alcalde, quienes, según dijo, habrían sido organizados desde el propio municipio. Todo ello, mientras el exalcalde Alexi Rivera acusaba a Muñoz Pinto de engañar a la población con obras inexistentes o sobredimensionadas, desmontando uno a uno los discursos triunfalistas que el alcalde difundía. Así, la imagen del “pollito” de Socabaya se hundía más en la sombra de la desconfianza y la indignación vecinal.
El 17 de junio no solo dejó el sinsabor de una vacancia frustrada para quienes veían en ella una oportunidad de sanear la gestión de Socabaya. La jornada estuvo marcada por escenas que indignaron a los vecinos, como la paralización sin previo aviso de la Oficina Municipal de Atención para las Personas con Discapacidad (OMAPED). Familias que acudieron desde tempranas horas, como la de una vecina, Roxana, se encontraron con puertas cerradas y citas incumplidas. “La trabajadora que citó a mi hermana estaba en la protesta, con megáfono en mano, gritando para defender al alcalde”, relató. La escena se repitió en otras oficinas como Vaso de Leche y Pensión 65, dejando en evidencia cómo el aparato municipal se puso al servicio de intereses políticos, mientras los derechos de los más vulnerables eran pisoteados sin pudor.
Lo que más crispó los ánimos fue la respuesta de las autoridades. Lejos de mostrar autocrítica, el alcalde Juan Roberto Muñoz Pinto se desentendió de las acusaciones con un discurso que muchos calificaron de evasivo e irresponsable. “Yo me encargo de lo político, si hay algo irregular, hagan las denuncias correspondientes”, dijo a los medios, con una soltura que resultaba ofensiva para quienes habían visto sus derechos vulnerados ese mismo día. Sobre las obras paralizadas o defectuosas, descargó las culpas en los técnicos, y respecto a los trabajadores municipales movilizados a su favor, simplemente alegó no tener control sobre ellos. Como si el distrito pudiera seguir sumido en el desorden, mientras él levantaba los brazos en señal de victoria tras librarse de la vacancia.
Más aún, Muñoz Pinto se atrevió a llamar a la unidad y al trabajo conjunto por el desarrollo del distrito. Habló de una “gestión transparente” y pidió que las acusaciones vayan “por la vía judicial”, como si lo visto en Socabaya aquel 17 de junio no hubiera sido suficiente prueba del deterioro institucional. Sus palabras, lejos de calmar las aguas, generaron mayor malestar entre vecinos y regidores críticos. Porque mientras las oficinas permanecían vacías, los servicios básicos se suspendían y los vecinos veían cómo la municipalidad se transformaba en escenario de arengas políticas, el alcalde parecía más preocupado en blindarse de la justicia que en gobernar para quienes le dieron su voto. El ambiente, una vez más, quedó cargado de desconfianza y desazón.
Así, el paso de Juan Roberto Muñoz Pinto por la alcaldía distrital de Socabaya parece condenado a un espiral de sombras del que no logra, o no quiere, escapar. Cada capítulo de su gestión, lejos de enmendar el rumbo, alimenta una cadena de escándalos, omisiones y abusos que dejan al distrito sumido en el descrédito y la indignación. Porque cuando un gobierno olvida a quienes debería servir y convierte las instituciones en trincheras personales, lo único seguro es que todo irá, irremediablemente, de mal en peor.
Redacción RSM
